Institución Educativa Técnico Comercial “Villa del sur”
Departamento de
Humanidades
Área de Idiomas - Lengua
Castellana 8º Grado
Docente: Mg. Juan Antonio
Guerrero Sandoval
Material de trabajo en
clase Semana 33, 34 Octubre
Los acuerdos de Paz
1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral
Consideran:
Que en el marco del presente Acuerdo para la Terminación del Conflicto, la Reforma Rural Integral, en
adelante RRI, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar
para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz
estable y duradera.
Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a
cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de
las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la
cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del
campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y
niños.
Que la RRI concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en
el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la definición del
mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de
integración urbano-rural.
Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo
social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural
colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno
disfrute de los derechos de la ciudadanía con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no
repetición del conflicto y la erradicación de la violencia.
Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el
uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y
distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes
habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y
democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su
función social.
Principios
En la implementación de lo acordado en el punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural
Integral” se tendrán en cuenta los siguientes principios:
• Transformación estructural: es decir la transformación de la realidad rural con equidad, igualdad
y democracia.
• Igualdad y enfoque de género: Reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas,
sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria,
tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra
y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y
formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a
las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales.
Este reconocimiento
implica la adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes
y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las
necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital,
afectaciones y necesidades (enfoque de género).
Bienestar y buen vivir: el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de
las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo
posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afro descendientes e
indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida
urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la
diversidad étnica y cultural de las comunidades.
Priorización: la política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza la
población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas por la
miseria, el abandono y el conflicto, y hace énfasis en pequeños y medianos productores y
productoras.
Especial atención merecen los derechos de los niños y niñas, de las mujeres, y de las
personas adultas mayores.
• Integralidad: asegura la productividad, mediante programas que acompañen el acceso efectivo a
la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización
y con otros medios de producción que permitan agregar valor.
También asegura oportunidades
de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación,
infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población.
• Restablecimiento: el restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento y del
despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y del abandono sobre comunidades y
territorios.
•
Regularización de la propiedad: es decir, lucha contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de
la tierra y garantía de los derechos de los hombres y las mujeres que son los legítimos poseedores
y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos
relacionados con la tierra.
•
Derecho a la alimentación: la política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a
asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y
adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles.
•
Participación: la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán
con la activa participación de las comunidades —hombres y mujeres—, que es además garantía
de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial
de los organismos competentes.
• Beneficio, impacto y medición: teniendo en cuenta la priorización, debe beneficiar e impactar al
mayor número de ciudadanos y ciudadanas, con la mayor intensidad y en el menor tiempo
posible, y medir sus efectos en cada proyecto y región.
•
Desarrollo sostenible : es decir, es ambiental y socialmente sostenible y requiere de la protección
y promoción del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada del territorio.
•
Presencia del Estado: para la construcción de una paz estable y duradera la presencia del Estado
en el territorio rural será amplia y eficaz, y se expresará en el cumplimiento de los derechos de
todos los ciudadanos y las ciudadanas en democracia.
Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra: mecanismos y garantías que permitan
que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra
insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de
sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de participación de
las comunidades. Con ese propósito y de conformidad con lo acordado en el punto 1.1.1 Fondo
de Tierras para la RRI (3 millones de hectáreas) y en el punto 1.1.5. Formalización masiva de la
Propiedad Rural (7 millones de hectáreas), durante los próximos 10 años habrá una extensión
objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas.
